CCOO del Hábitat | 27 abril 2024.

Según el OSCP de CCOO de Hábitat los organismos públicos han dejado de invertir el equivalente al salario anual de 110.000 personas trabajadoras

  • El gasto medio por contrato baja un 19% respecto al trimestre anterior.
  • Madrid, Murcia y Cantabria eligen ofertas con mayores rebajas de precio al adjudicar.

30/11/2023.
Balance del tercer trimestre del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública de CCOO del Hábitat

Balance del tercer trimestre del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública de CCOO del Hábitat

En el tercer trimestre de 2023, el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública (OSCP) gestionado por la Secretaría de Políticas Públicas ha revisado un total de 4.290 adjudicaciones públicas en los sectores y actividades a los que representa CCOO del Hábitat. Esta cifra supone un descenso de un 22% respecto al mismo periodo de 2022 y del 9% respecto al año 2021. En relación al trimestre anterior, también ha bajado el número de adjudicaciones en 1.124 (-21%).

Se constatan como siempre la elección de las ofertas más baratas que este trimestre supone dejar de invertir un 11,3% por parte de las administraciones públicas. Esta disminución del gasto es el equivalente al SMI anual de 2023 de 36.700 trabajadoras y trabajadores y de 110.000 desde principios de año.

La rebaja media señalada es superada en 8 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas Ceuta. A la cabeza se sitúan los organismos públicos ubicados en Madrid, Murcia y Cantabria. Además, los contratos basados en servicios de personas siguen siendo los que sufren las mayores reducciones de precio sobre el precio inicial de licitación.

Como resumen, en este periodo se evidencia el descenso de la actividad de contratación pública como consecuencia de su coincidencia con los meses estivales así como una bajada respecto al mismo periodo de años anteriores.

Con este análisis CCOO del Hábitat vuelve a insistir en la necesidad de que se aplique la ley y que los criterios sociales sean prioritarios. Estos deben primar y dar valor a las propuestas frente a los únicamente económicos que suponen tanto recortes o incumplimientos laborales que afectan gravemente a la clase trabajadora como un desequilibrio de las relaciones del mercado de trabajo donde los organismos públicos tienen un papel responsable.