La creciente escalada del precio de la energía iniciada en junio de 2021, ha tenido un impacto significativo en la economía y sociedad de los países miembros de la Unión Europea incluido España, provocando una crisis energética sin precedentes. La subida de precios no es exclusiva de la guerra, sino que es un problema sistémico. Hay que señalar que el aumento del precio de la electricidad es causado por el encarecimiento del gas, los derechos de emisión y el sistema de asignación de precios en el que la asignación del precio marginal se ha vuelto ineficiente. Esta tendencia se ha agravado en los últimos meses como consecuencia de los efectos combinados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la aplicación de las políticas de sanciones económicas impulsadas por la Unión Europea (UE).
En este sentido, los efectos de esta crisis están repercutiendo en los costes de la vida y en el poder adquisitivo de las personas impactando de forma más acuciante en los colectivos vulnerables. Una tendencia que está agravando aún más la pobreza y la desigualdad social en nuestro país. Además esta escalada de precios está afectando a las industrias, especialmente de los altos consumidores energéticos (gas y electricidad etc) y muchas de ellas han tomado la decisión de parar segmentos de su producción, no funcionar en determinados horarios y acometer ERTES que ya se están produciendo en varios sectores, como por ejemplo el de la cerámica, tejas, ladrillos, siderurgia, cogeneradoras...
Para tratar de corregir esta situación, la Comisión Europea en marzo, presentó entre otras herramientas el plan REPowerEU: Acción conjunta europea cuyo objetivo era poner freno al aumento desbocado de los precios de la energía dentro de la Unión Europea.
Desde CCOO acogimos con satisfacción esta iniciativa[1], y propusimos extender este marco temporal de apoyo a todos los sectores recogidos en el Anexo I de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022, para evitar deslocalizaciones del sector industrial a lugares en los que no exista normativa medioambiental o sea menos ambiciosa que las de la UE, y que sean dependientes en gran medida de la intensidad de uso de la energía y compitan dentro del comercio internacional, con la inclusión de cláusulas de compromiso de permanencia.
La reivindicación de CCOO ha sido recogida por el Ministerio de Industria en el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD que regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos adaptando la lista de sectores elegibles para estas ayudas de acuerdo con estas Directrices.
Pero además, desde CCOO creemos que para evitar los efectos perniciosos en las personas trabajadoras que tiene la inflación de los costes de producción por el incremento del precio de la energía, especialmente en los altos consumidores energéticos (gas y electricidad), el Gobierno debería aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales del Marco Temporal de Crisis, adoptado por la UE en marzo2, reduciendo los costes excepcionalmente importantes de los precios del gas y de la electricidad con inclusión de cláusulas de limitación de beneficios extraordinarios.
Esto es especialmente relevante para aquellos sectores: superelectrointensivos, electrointensivos, gasintensivos, así como grandes consumidores de energía que adaptaron sus procesos productivos para reducir sus emisiones contaminantes, y para los que el aumento del coste energético ha generado, paradas de producción con miles de trabajadores y trabajadoras en ERTE por causas organizativas y productivas.
[1] https://www.ccoo.es/bce174ecf688fc419c14736f40aadaa8000001.pdf
