CCOO del Hábitat se hace eco de la noticia confederal sobre la inclusión de medidas sociales que protejan a los colectivos más vulnerables en la transición energética
Ante el temor de un corte de las importaciones de gas desde Rusia en el corto plazo, la Comisión Europea presentó el pasado 20 de julio su comunicación “Save gas for a safe winter”. Tras las discrepancias expresadas por distintos Estados miembros en relación a algunas de las medidas planteadas, entre ellos España, el texto ha sido finalmente aprobado con algunas modificaciones por el Consejo Europeo extraordinario de energía, celebrado el 26 de julio.
En el texto se incita a los países a realizar una reducción voluntaria de la demanda de gas en un 15% en comparación con su consumo promedio en los últimos 5 años, y con medidas de su propia elección. Esta medida tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. Además, deja abierta la posibilidad de activar una “alerta de la Unión” sobre la seguridad del suministro, en cuyo caso la reducción de la demanda de gas sería obligatoria.
Ahora bien, el desacuerdo sobre la aplicación lineal u homogénea a todos los países del recorte del 15% ha forzado a incluir algunas excepciones y posibilidades para solicitar una excepción al objetivo de reducción obligatorio. De esta manera, estarían exentos de las reducciones obligatorias aquellos Estados miembros que no están interconectados con las redes de otros estados miembros, así como aquellos países cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad.
Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 5 del reglamento, se podría solicitar una limitación de la reducción obligatoria en 8 puntos porcentuales si los países presentan algunas de las siguientes características: que tengan interconexión limitada con otros Estados miembros; poder demostrar que sus capacidades de exportación de interconectores o su infraestructura nacional de gas natural licuado (GNL) se utilizan para redirigir el gas a otros Estados miembros al máximo; que hayan superado sus objetivos de llenado de almacenamiento de gas; dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas; o su consumo de gas ha aumentado al menos un 8% en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.
Esto ha tenido una especial relevancia en el contexto español, en particular la escasa interconexión con el resto de los países y su posición estratégica para redirigir GNL al conjunto de la Unión Europea. Una cuestión que ha conllevado a que se aplique la excepción en España -reducción de la demanda de gas en un 7%-.
CCOO acoge con satisfacción este acuerdo, pues una reducción del 7%, en vez del 15%, va a tener un impacto menor en la actividad económica, en las industrias, empresas y en los hogares que no puedan hacer frente a estos ajustes de reducción. No obstante, pensamos que el plan necesita más políticas y medidas sociales para proteger a los colectivos vulnerables y a la clase trabajadora. Así, y tal como ha señalado expresamente la CES, la Comisión Europea debe incluir mecanismos de ayuda -como el SURE- con el fin de apoyar a las empresas afectadas por la escasez de gas o el aumento de los costes de energía y a las personas trabajadoras.
Si bien esta excepción es positiva, desde CCOO creemos que no pueden ir en contra de las estrategias y medidas ya establecidas para realizar la transición energética en nuestro país y alcanzar los objetivos climáticos. En este sentido, es fundamental acelerar el despliegue de las energías renovables y fomentar las medidas de ahorro y eficiencia energética (disminuyendo nuestra dependencia energética y reduciendo sustancialmente nuestras emisiones a la atmósfera). Estas actuaciones deben ir acompañadas de medidas sociales que garanticen que esta transición se hace de forma justa, y que contribuyan a evitar que las formaciones políticas de extrema derecha fomenten el negacionismo y el rechazo a la lucha contra el cambio climático.
