CCOO del Hábitat | 19 abril 2024.

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Catalunya licita más de 88 millones de euros en contratos públicos, aplicando un recorte del 13,9%

    Esta es la cifra registrada en el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública dado a conocer hoy en el ámbito de Catalunya, en los sectores de la construcción y los servicios

    04/11/2020.
    Se presenta el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública en Catalunya

    Se presenta el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública en Catalunya

    Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, y Aurora Huerga, secretaria general de la federación en Catalunya, han dado a conocer hoy los datos referentes al ámbito de Catalunya, según recoge el informe presentado por el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública.

    Ambos han expuesto que se trata de una herramienta sindical puesta en marcha por CCOO de Construcción y Servicios que va a realizar un seguimiento para cuantificar la diferencia tanto económica como de servicios prestados en la licitaciones de estos sectores en el ámbito territorial de cada Comunidad, identificando los términos de la adjudicación y las empresas en cada concurso.

    El informe del Observatorio refleja que durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, en Catalunya se han adjudicado un total de 345 contratos por un importe total de licitación de más de 88 millones de euros (88.102.610,65€), sin embargo y tras los procesos de adjudicación esta cifra se ha quedado reducida a 75.825.864€, lo que significa que la administración catalana ha dejado de adjudicar un total de 12.276.745€ que representa un recorte del 13,9% del volumen licitado en estos meses.

    Del total de contratos adjudicados en el periodo que se presenta, el 75,6% (261 contratos) ha sido gestionado por las entidades locales. Estas entidades son también las que mayor volumen económico han licitado (54.515.179€), pero también son las que mayores recortes han aplicado en las adjudicaciones que se quedan en 46.176.077€, es decir un 15,3% menos de su valor inicial, que equivale a una disminución presupuestaria de 8,3 millones de euros.

    Por su parte la administración autonómica ha gestionado 44 contratos cifrados en 14.864.928€ de licitación, adjudicando 12.686.892€, que supone un recorte final del 14,7%, 2.178.036€ sin adjudicar.

    Finalmente, la administración central licita 40 contratos por un valor de 18.722.502€, viéndose reducidos a 16.965.895€, en las adjudicaciones concedidas y un recorte del 9,4% que supone 1.756.607€.

    Los dos dirigentes sindicales han comentado algunos ejemplos llamativos por el alto recorte aplicado sobre el valor de licitación, como el caso de un contrato por parte del Ajuntament de Barcelona en el que el consistorio ha rebajado más de 1,2 millones de euros del presupuesto (el 26,8%), de un precio inicial de 7.533.715,10 euros, se ha concedido la adjudicación por 5.513.172,7 euros.

    También es de reseñar la rebaja llevada a cabo por la Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i Les Activitats Logïstiques SA, quién con un importe de licitación de 6.971.551€ adjudicó el concurso por un importe de 5.657.321,38€, lo que supuso una reducción del 18,9%

    O el registrado en septiembre con una fuerte reducción llevada a cabo por Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Barcelona quien partiendo de un importe de licitación de 1.031.062,75€ finalmente lo adjudicó por 687.288,96€ lo que supone una reducción del 33,3%.

    Por último el informe destaca la reducciones aplicadas en un sector esencial como es el de la limpieza, que contempla servicios de desinfección especializada, que ha registrado un total de 42 contratos por las distintas administraciones y que han recortado 748.551€ el presupuesto de partida de licitación (-12,6%).

    Aurora Huerga ha comentado: “Catalunya ocupa un lugar importante en cuanto a número de procedimientos de adjudicaciones en los sectores de la construcción y los servicios” y ha exigido a las administraciones compromiso y transparencia para que estas licitaciones se hagan con la mayor rigurosidad.

    Por su parte, Vicente Sánchez ha criticado “que el precio sea el criterio utilizado por las administraciones para llevar a cabo la aplicación de los contratos, conforme a la Ley de Desindexación, que viene a suponer un impedimento para que las empresas puedan cumplir con las garantías de empleo y con las condiciones laborales de los y las trabajadoras”.