CCOO del Hábitat | 19 abril 2024.

España lidera desde hace cinco años el ranking europeo de países con más infracciones ambientales

    En palabras de Sonia Silva, secretaria de sostenibilidad, "la depuración del agua y el tratamiento de residuos son las grandes asignaturas pendientes"

    27/02/2020.
    España lidera desde hace cinco años el ranking europeo de países con más infracciones ambientales

    España lidera desde hace cinco años el ranking europeo de países con más infracciones ambientales

    La legislación europea fija unos requisitos de depuración de las aguas residuales urbanas que dependen fundamentalmente del tamaño de la población. Así, a las localidades de mayor tamaño se les pide procesos de depuración más avanzados (depuración terciaria) frente a municipios poco poblados donde se exige una depuración más sencilla. Han pasado casi 30 años desde la aprobación de la normativa comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas y todavía hay localidades españolas que no cumplen con ella. Bruselas ha llevado al Estado español a los tribunales y, mientras la situación sigue sin resolverse, el estado es multado con 58.000 euros diarios desde julio de 2018, fecha en la que la Unión Europea penalizó a España con el pago diario de esa cantidad por no cumplir las exigencias requeridas para la depuración de las aguas residuales de los municipios con más de 15.000 habitantes.

    España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas para acometer las actuaciones pendientes en las localidades que incumplen la Directiva Europea, pero para cumplir los objetivos ambientales de la UE, España tendrá que actualizar infraestructuras existentes y construir otras nuevas en saneamiento, depuración, reutilización y desalación. Se estima que España invierte un 63 % menos que la media de las cuatro mayores economías europeas y el menor ratio de inversión pública por habitante de la Unión pese a tener un mayor estrés hídrico y sufrir unas pérdidas en abastecimiento por encima del 25% como consecuencia de una deficiente red de distribución de agua. La red de saneamiento empieza a estar dañada (más del 50% de esta red tiene más de 30 años) y estas aguas residuales pueden acabar invadiendo los acuíferos. El envejecimiento de las infraestructuras del agua y la falta de inversión de los últimos años hace peligrar la sostenibilidad de los servicios del agua.

    La gestión de los residuos es otro tema en el que las sanciones vienen de lejos. Más de la mitad de los residuos que se producen en España acaban en vertederos sin ser tratados de ninguna forma, una cifra que nos aleja de las recomendaciones de la UE y apunta a nuevas sanciones si no se toman acciones inmediatas. Europa ya señaló la existencia de 88 vertederos ilegales en sentencias del TJUE en 2017 y 2018, un problema por el que se multó a España y que puede volver a traer complicaciones porque la administración nacional ni siquiera ha aceptado la cifra que recrimina la UE.

    Para paliar esta situación es importante impulsar el necesario debate social y político en nuestro país que permita sentar las bases para una mejora en la gestión del ciclo integral del agua y en la gestión de los residuos de manera que se dinamice la inversión en los sectores. Esta falta de inversión dificulta la consecución de los objetivos medioambientales e impide mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Es crítico que España se dote de las infraestructuras necesarias que permitan solventar los retos medioambientales existentes, a la vez que se trabaja en proporcionar un mejor servicio a los consumidores.

    España adolece de un déficit estructural de inversiones en infraestructuras de agua y de gestión de residuos. Este problema es de largo plazo, ya que los niveles de inversión antes de la crisis también eran inferiores a los de otros países comparables europeos. Sin embargo con el inicio de la recesión el problema se ha agudizado, y en un contexto de recuperación como el actual, los datos sugieren que la situación no se está revirtiendo. Por lo tanto se urge a las administraciones públicas que retomen las inversiones en las infraestructuras pendientes, sin olvidar invertir también en el mantenimiento y conservación de las existentes.

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